Los fraudes a las aseguradoras han aumentado más de un 20% en tiempos de Covid-19. Se estima que 7 de cada 100 partes tramitados eran falsos, aunque el importe medio de ellos ha disminuido considerablemente.
Por desgracia, el fraude a las aseguradoras es una de las razones más importantes de la subida del precio de las pólizas, ya que el desembolso de las compañías debido a esta actividad supera los 50 millones de euros.
LOS FRAUDES MÁS FRECUENTES
La Unión Española de Aseguradoras (UNESPA) reconoce que casi el 64% de los intentos de estafa se concentra en el ramo del automóvil. Algunas de las prácticas más habituales y como se llevan a cabo son:
- El latigazo cervical: es la lesión estrella y muy difícil de demostrar. La sufrimos tras un alcance trasero. No obstante, la Audiencia Provincial de Murcia estableció en el año 2000 que el accidente debe producirse a una velocidad superior a 15 kilómetros por hora.
- Parte falso: nos podemos ver involucrados, sin haber participado en ningún accidente, que una tercera persona presente un parte falso a su aseguradora. Si sucede, debemos contactar con nuestra aseguradora, indicándoles que no ha tenido lugar ningún siniestro, y será ella quien denuncie a la persona que reclama por fraude.
- Presupuestos recargados: los presupuestos inflados por talleres que eleva de forma considerable los gastos de reparación, y que no corresponde con los daños reales del vehículo.
- Robo del vehículo: realizando una denuncia falsa y presentándola a la aseguradora para que abone la indemnización.
CONSECUENCIAS LEGALES
Un intento de estafa al seguro conlleva, desde una multa de un importe elevado hasta pena de cárcel, si se establece como falta o delito, estableciendo el Código Penal entre 6 meses y 3 años de prisión.
Aquí entra en juego la mala fe, según la Real Academia Española (RAE) es la “actitud personal de malicia, mala intención, deshonestidad o falta de respeto a la otra persona o las obligaciones contraídas. Es decir, si el intento de fraude es consciente, voluntario y antijurídico.
Por el contrario, si no existe mala fe, lo sucedido es un acto doloso, llevando a cabo una acción antijurídica, pero sin saber su ilicitud.
PERFIL DEFRAUDADOR
Por norma general, entre los particulares que defraudan, el perfil es un varón joven de entre 18 y 25 años, seguido de un varón de unos 40 años con precariedad laboral.
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